La conformación de los aparatos estatales. De los consejos de higiene a los departamentos de sanidad

Entre mediados y fines del siglo XIX, el positivismo desembarcó en América Latina como marco científico y político, con “orden y progreso” como consigna de una modernidad que parecía indiscutible. Argentina y México son dos casos particularmente ricos para pensar este proceso: ambos países estuvieron gobernados por oligarquías con pretensiones de modernización periférica, recibieron inmigración e inversión extranjera y vieron transformarse drásticamente sus centros urbanos y sus economías. Esta unidad se mete de lleno en esa transformación, siguiendo cómo la salud pública dejó de ser un asunto de policía municipal para convertirse en un aparato estatal cada vez más complejo, con jurisdicción nacional y pretensiones científicas.

Adriana Álvarez analiza el caso de Buenos Aires a través de los lazaretos —el fijo de la isla Martín García y el flotante Rodolfo del Viso— que funcionaron como dispositivos de contención frente al cólera y la fiebre amarilla, enfermedades que llegaban con los barcos y la inmigración masiva. Ana María Carrillo, por su parte, reconstruye el caso mexicano durante el porfiriato, mostrando cómo el Consejo Superior de Salubridad se transformó en el corazón de un reglamentarismo higienista que combinaba ciencia, autoritarismo político y necesidades del capital extranjero.

Para quienes están formándose en medicina, esta unidad permite ver con claridad algo que suele darse por sentado: que las instituciones sanitarias que hoy conocemos —consejos, departamentos, códigos sanitarios— no aparecieron de manera natural ni neutral, sino como resultado de tensiones muy concretas entre ciencia, economía y poder político. Entender ese proceso ayuda a pensar con más herramientas críticas cómo se construyen, todavía hoy, las políticas de salud pública.

Los lazaretos tienen un origen medieval, ligado al aislamiento de los leprosos, pero en Buenos Aires se fueron transformando conforme avanzaba la medicina científica hasta adquirir rasgos propios. El texto de Álvarez se concentra en dos instituciones: el lazareto fijo de la isla Martín García y el hospital flotante Rodolfo del Viso. Su aparición estuvo directamente relacionada con la inmigración masiva: entre 1869 y 1914 la población de Buenos Aires pasó de 181.838 a 1.575.814 habitantes, y ese aluvión llegaba por barco, muchas veces desde puertos donde circulaban el cólera o la fiebre amarilla. Ya en 1824 Bernardino Rivadavia había reglamentado la policía sanitaria marítima, pero fue la epidemia de cólera de 1867-1868 —que causó 1.653 muertes solo en 1867— la que actuó como revulsivo y llevó a la fundación del Consejo de Higiene en 1869 y de la Junta de Sanidad Nacional. Ese mismo año, los doctores Luis María Drago y Leopoldo Montes de Oca formularon un proyecto de Reglamento de Policía Sanitaria Marítima que distinguía dos clases de cuarentena —de observación, de tres días, y de rigor, de hasta treinta o cuarenta días— y establecía la necesidad de lazaretos, aunque en la práctica el reglamento fue, según los propios contemporáneos, “puramente teórico”.

La mortífera epidemia de fiebre amarilla de 1870-71, que mató a 14.000 personas en apenas cuatro meses sobre una población de 185.000 habitantes, dejó en evidencia la precariedad de las instalaciones existentes —como el lazareto de la Ensenada, calificado por los médicos Pedro Mallo y Eduardo Wilde como un “sarcasmo higiénico”— y aceleró la búsqueda de un emplazamiento mejor. La isla Martín García fue recomendada por su ubicación, su terreno seco y su buen puerto, aunque recién se consolidó como lazareto nacional en la década de 1880, tras la sanción en 1884 de la Ley 1.451 que autorizó la construcción de lazaretos, en el marco de la creación del Departamento Nacional de Higiene (DNH) en 1880, que reemplazó al antiguo Consejo de Higiene municipal de 1855. Con el correr de los años, Martín García desarrolló una infraestructura compleja: pabellones de madera, estaciones de desinfección con estufas Geneste y Hercher, hornos de cremación y un personal médico y administrativo estable. Entre 1889 y 1893 pasaron por allí casi 20.000 pasajeros, en su enorme mayoría de tercera clase.

El hospital flotante Rodolfo del Viso, en cambio, cumplía una función distinta: recibía a los pasajeros y tripulantes que ya habían desarrollado síntomas de cólera o, sobre todo, de fiebre amarilla, sin que llegaran a tocar tierra firme. Allí primó una mirada clínica, centrada en la interpretación de los procesos fisiológicos y en la identificación de las lesiones orgánicas mediante autopsias sistemáticas. El doctor Francisco (o Pedro) Otero documentó minuciosamente los síntomas y tratamientos de la fiebre amarilla —purgantes, desinfectantes intestinales, dietas lácteas, inhalaciones de oxígeno— en un momento en que todavía no se conocía el mecanismo real de transmisión de la enfermedad, que recién en 1900 la Comisión del Ejército Norteamericano en La Habana demostró que dependía del mosquito Aedes aegypti. Hacia 1895 se suprimieron las cuarentenas por “antieconómicas” y se las reemplazó por inspección y desinfección más selectivas, en sintonía con el avance de la bacteriología. Álvarez concluye que, si se compara con Brasil —donde Oswaldo Cruz tuvo que desarrollar estudios propios de medicina tropical por la presencia de vectores específicos—, Argentina replicó más bien los protocolos “pasteurianos” europeos, convencida de que sus problemas sanitarios eran comparables a los del continente y no a los “trópicos pestilentes”, y que ese enfoque, sumado al perfeccionamiento de los lazaretos, resultó relativamente eficaz para controlar las llamadas enfermedades “viajeras”.

Ana María Carrillo sitúa el nacimiento de la salud pública moderna en México durante la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910), y explica que fue posible por la conjunción de tres elementos: la recepción por parte de los médicos mexicanos de los descubrimientos de la microbiología, la inmunología y la epidemiología; la creciente concentración del poder estatal en materia sanitaria, paralela a la concentración de un poder político disciplinador y autoritario; y la necesidad del imperialismo europeo y, sobre todo, estadounidense, junto con la elite porfiriana, de proteger sus intereses comerciales. Desde 1841 la máxima autoridad sanitaria era el Consejo Superior de Salubridad, que originalmente solo tenía jurisdicción en el Distrito Federal y apenas seis miembros, pero que entre 1885 y 1914, bajo la dirección de Eduardo Liceaga, se transformó en una estructura con cerca de seis mil empleados y un presupuesto que creció más de un 2.000%. En 1882 el Consejo elaboró un dictamen clave que denunciaba la falta de coordinación sanitaria entre los estados y que sentó las bases de lo que luego sería el primer Código Sanitario, promulgado en 1891 y reformado en 1894 y 1902, que le dio al Estado federal poder para intervenir en puertos, fronteras y en la higiene privada y pública de todo el territorio.

Esta expansión de la autoridad sanitaria estuvo estrechamente ligada a la expansión del capitalismo: los más de 19.000 kilómetros de vías férreas construidos durante el porfiriato integraron el mercado interno con el internacional, y las medidas de saneamiento se concentraron justamente en las zonas estratégicas para el comercio —la Ciudad de México, el puerto de Veracruz, la península de Yucatán— antes que en todo el territorio por igual. El médico Domingo Orvañanos elaboró en 1889 un ensayo de geografía médica basado en un relevamiento a las municipalidades del país, que recomendaba desde censar a los enfermos de lepra hasta vacunar “por persuasión o por fuerza” contra la viruela, enfermedad que en la epidemia de 1889 causó cerca de cuarenta mil muertes. La campaña antivariolosa combinó convencimiento —vacuna gratuita, vacuna ambulante, propaganda en la prensa— con coerción: multas, prisión y vacunación forzosa con auxilio policial, lo que generó resistencias populares, como la rebelión que en 1908 obligó a suspender la vacunación obligatoria en Oaxaca.

El Estado porfiriano desplegó distintas campañas sanitarias según la relevancia económica de cada enfermedad. Cuando la peste bubónica llegó a Mazatlán en 1902 se montó un operativo drástico: vacunación forzosa, cordones sanitarios que paralizaron el comercio, incineración de casas y aislamiento en lazaretos, con un saldo oficial de 529 muertos sobre 738 enfermos registrados en ese puerto. La fiebre amarilla, la enfermedad que más afectaba el comercio con Estados Unidos, recibió atención prioritaria a partir de 1903, cuando se adoptó la teoría de Carlos Finlay sobre el mosquito Aedes aegypti como agente de transmisión: en Veracruz, las muertes por esta causa cayeron de 1.952 en la década previa a la campaña a solo 218 en la década posterior, y en 1910 no se registró un solo caso en el país. El paludismo, en cambio, pese a afectar a más población, tuvo menos prioridad por carecer de la misma presión comercial internacional, aunque hubo experiencias exitosas como la de la hacienda El Dorado, en Sinaloa, en 1907. También se emprendieron campañas contra la tuberculosis, a partir de 1907, y contra la sífilis, desde 1908, esta última profundamente marcada por el control sanitario de las prostitutas —reglamentado desde 1865— y de las “soldaderas” en el ejército, sin que existiera un control equivalente sobre los varones. Carrillo concluye que la política sanitaria porfiriana funcionó como herramienta de disciplinamiento social tanto como de cuidado de la salud, y que su desarrollo, interrumpido por la Revolución de 1910, estuvo siempre condicionado por los intereses económicos del capital nacional y extranjero.